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En este Decreto Ejecutivo, que consta de ocho artículos, se detallan los parámetros que deben cumplir los directores de centros educativos en caso de suspensión de clases por motivos de fuerza mayor, así como la obligatoriedad de planificar estrategias, actividades y técnicas de evaluación que permitan medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes acerca de los contenidos de los diferentes cursos.
Según dijo Rodríguez a RPC Radio, esto es ilegal porque "la Ley 47 Orgánica de Educación establece claramente quiénes tienen las facultades y cuándo se deben suspender las clases".
Según el dirigente, lo que sucede es que la ministra de Educación, Lucy Molinar todavía "no ha entendido claramente cuál es la dinámica, cómo se mueven las escuelas, cómo llegan los estudiantes a los centros, cómo se organiza el centro escolar, a los estudiantes, a los docentes, no lo ha entendido ni lo va a entender tampoco porque ella es de las personas que no quiere que nadie opine ni nadie diga nada".
El Decreto Ejecutivo 429 ordena el inicio de clases el 18 de febrero y la finalización el 20 de diciembre.