El Consejo de Gabinete aprobó esta tarde un documento en el que el Estado panameño reconoce la sanción impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una sentencia del 23 de noviembre del 2010, por el caso del ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor.
La demanda en favor de Vélez estaba relacionada con violaciones a sus derechos cuando fue detenido, debido a delitos relacionados con su situación migratoria sin darle los derechos, ni garantías, ni tampoco seguimiento a las denuncias presentadas por él, por supuestas torturas y condiciones infrahumanas que sufrió mientras estuvo detenido en Panamá desde noviembre del 2002 hasta su deportación en septiembre del 2003.
La propuesta fue presentada al Gabinete por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Henríquez, quien dijo que el Estado panameño reconoce como parte de la deuda nacional las obligaciones económicas impuestas por la CIDH en su sentencia de noviembre del 2010 en concepto de reparación por violaciones a normas protectoras de derechos humanos.
Panamá recnocerá el pago de 27 mil 500 dólares, también el reembolso a la Embajada de Panamá en Ecuador, que en julio del año pasado adelantó una suma de 7 mil 500 dólares para medicamentos, tratamientos y atención médica en favor del ecuatoriano.
También el Estado reconocerá el pago de 24 mil dólares a favor del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional que asistió al ecuatoriano en el proceso.
El Consejo de Gabinete designó al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar los trámites y efectuar el pago de estas obligaciones por un monto total de 59 mil dóalres impuestos por la CIDH.
La demanda en favor de Vélez estaba relacionada con violaciones a sus derechos cuando fue detenido, debido a delitos relacionados con su situación migratoria sin darle los derechos, ni garantías, ni tampoco seguimiento a las denuncias presentadas por él, por supuestas torturas y condiciones infrahumanas que sufrió mientras estuvo detenido en Panamá desde noviembre del 2002 hasta su deportación en septiembre del 2003.
La propuesta fue presentada al Gabinete por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Henríquez, quien dijo que el Estado panameño reconoce como parte de la deuda nacional las obligaciones económicas impuestas por la CIDH en su sentencia de noviembre del 2010 en concepto de reparación por violaciones a normas protectoras de derechos humanos.
Panamá recnocerá el pago de 27 mil 500 dólares, también el reembolso a la Embajada de Panamá en Ecuador, que en julio del año pasado adelantó una suma de 7 mil 500 dólares para medicamentos, tratamientos y atención médica en favor del ecuatoriano.
También el Estado reconocerá el pago de 24 mil dólares a favor del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional que asistió al ecuatoriano en el proceso.
El Consejo de Gabinete designó al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar los trámites y efectuar el pago de estas obligaciones por un monto total de 59 mil dóalres impuestos por la CIDH.