
Este anuncio se da en el marco de una disputa entre el Gobierno Nacional y el pueblo Ngabe Buglé, que desde hace cinco días mantiene paralizada la vía Interamericana, exigiendo la suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricos en la Comarca y áreas aldeañas.
El Gobierno ha reiterado que ha cumplido con lo pactado en San Félix en el 2011, en cuanto a regulaciones mineras y la prohibición de exploraciones y explotación de recursos minerales en áreas comarcales, y señala que la exigencia de excluir la realización de proyectos hidroeléctricos es una nueva exigencia, que no estaba incluida en el acuerdo previo.
"La suspensión de la concesiones hidroeléctricas tal y como lo plantea los grupos indígenas- obligaría al Estado a incurrir en sobrecostos anuales de alrededor de 200 millones de dólares para suplir la demanda energética a través de plantas de generación térmica utilizando Bunker C como combustible".