Dirigentes sindicales niegan acusaciones de corrupción y afirman que se trata de doblegar al movimiento sindical, se trata de un caso de supuesto peculado por el uso irregular de 168 mil dólares.Las declaraciones se dan luego de que la Fiscalía Primera Anticorrupción formuló cargos por delito contra la administración pública a nueve representantes legales de centrales obreras, por la supuesta malversación de fondos del Instituto Panameño de Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, para el pago de capacitación a sindicalistas.
Rafael Chavarría dijo que niegan todos los cargos y tildan la decisión como una represalia por mantener una actitud crítica contra el Gobierno de turno.